La Universidad de Barcelona actúa contra las lenguas

Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona le niega los derechos a un alumno que solicita la traducción al castellano de los programas de sus asignaturas

En la Universidad de Barcelona no existen programas en castellano pese a estar dentro del Estado Español donde la lengua castellana es la oficial para todo el territorio. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo, ampara un derecho que tienen todos los alumnos españoles y es el derecho a que le traduzca su universidad, si está en un territorio con lengua autonómica, toda la documentación al castellano si ésta va a tener efecto en una zona de España donde la lengua no sea la misma de origen.

Este principio vela por los derechos de los alumnos, que, de no poseer los documentos traducidos, pueden verse perjudicados seriamente hasta el extremo de no dejarles matricular o solicitar un derecho específico en el destino en cuestión. En una ocasión se solicitó información a la Jefa de Secretaría de la Facultad de Filosofía de la UB, la Sra. Montserrat Vall Cornellana, y contestó que “el alumno se tiene que traducir los documentos y nos los da y lo comprobamos o sino tiene que hacer una traducción jurada”. Lo sorprendente es que en España se necesite un traductor jurado para traducir del catalán al castellano. En esta situación se cuestiona el valor que tienen las leyes y los gobiernos que las promulgan.

El trabajo de traducir todo por parte del alumno implica que todos los alumnos se lo tienen que traducir todo, los mismos documentos. La pregunta es que si esto no es para ir en contra del alumnado no se explica la racionalidad de los sujetos que trabajan en esta Secretaría en concreto. Según la Ley tendrían que tener disponible los programas de las asignaturas en catalán, pero parece que la preferencia es hacer sufrir a los alumnos y que se tengan que traducir todo. Si lo tuviesen ellos en un archivo, aunque fuese escondido para que nadie lo viese, resultaría más sencillo.

Es posible que en breve se pueda ver alguna resolución sobre este tema porque se ha recurrido al Rectorado, que ahora está con los problemas del Plan Bolonia, y al Secretario de Estado para Universidades. Según el alumno afectado, es posible que se recurra a la justicia y se demande a la Facultad por daños y perjuicios en las demoras de todo el papeleo. Porque hay algo muy claro: un alumno no tiene por qué traducirse nada cuando la Ley ampara que ha de ser obsequiado con tan preciado regalo de la documentación en la lengua que desee.

La lengua es un bien muy preciado y hacer de ella un arma de controversia no favorece en nada a los valores que le dan vida.

REDACCIÓN

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